Revista de Artes y Humanidades UNICA
Volumen 23 Nº48 / Enero-Junio 2022, pp.32-50
Universidad Católica Cecilio Acosta – Maracaibo - Venezuela
ISSN: 1317-102X e – ISSN: 2542-3460
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Democracia y gobernabilidad en la Universidad del Zulia
RINCÓN, Yaneth
ORTIZ, Egda
ALAÑA, Edgar
Unidad de Investigación en Ciencias Sociales y Humanísticas
Núcleo Costa Oriental del Lago - Universidad del Zulia
rinconym@gmail.com; eortiz@col.luz.edu.ve; edgaralcuadrado@gmail.com
Resumen
Este artículo tiene como objetivo analizar la democracia y gobernabilidad en la
Universidad del Zulia. La revisión teórico-conceptual permite destacar recientes y
significativos cambios respecto al conocimiento, concepto de universidad, gestión
estatal y relación universidad y diversos actores. La gobernanza universitaria implica
entre otros aspectos, eficacia, aproximación a las necesidades y demandas sociales
(Martínez, 2012). En América Latina, se encuentra la urgencia de la función social de la
universidad y la defensa por la democracia. Ante los profundos cambios de la sociedad
venezolana desde 1999, la Universidad del Zulia debe priorizar la función social y el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Palabras clave: Gobernabilidad, universidad, democracia, Universidad del Zulia.
Recibido: mayo 2022 Aceptado: septiembre 2022
Democracy and Governance at University of Zulia
Abstract
This article aims to analyze the democracy and governance at the University of Zulia.
The theoretical and conceptual review permits to detach important and recent changes
respect the knowledge, the concept of university, the management of state and the
relation between the university and different actors. The governance at the university
implicates efficacy and the approximation to the social necessities and demands
(Martínez, 2012). In Latin America, there is urgency of the social function of the
university and the defense for the democracy. Before the deep changes of the
Venezuelan society since 1999, the University of Zulia must to place at the first the
social function, and the action of fortify of democratic governance.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7443941
Rincón, Y.; Ortiz, E.; Alaña, E. Democracia y gobernabilidad en la Universidad del Zulia
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Keywords: Governance, university, democracy, University of Zulia.
Introducción
En este artículo se analiza la gobernabilidad y la democracia en la Universidad
del Zulia; se revisa el concepto de universidad, los cambios y el entorno, así como las
características de la gobernabilidad democrática en esta universidad, y las respuestas de
los entrevistados. Finalmente, se presentan las conclusiones.
1. Cambios, concepto de universidad y entorno
En las últimas décadas se han producido cambios significativos relacionados con
la educación, y en particular con la educación superior.
Las universidades han experimentado tres cambios importantes (Brunner, 2007); el
primero relacionado con la investigación académica, en cuanto ha comenzado a convivir
con empresas, lo que ha producido una creciente interacción entre ambas; las nuevas
formas de producir el conocimiento que han entrado en escena y que no residen sólo en
las universidades; y tercero, la investigación académica está sometida a la evaluación
externa (Espinoza y otros, 2011).
Las nuevas formas de producir el conocimiento han incidido en nuevas relaciones con
el entorno que abarca diversos actores.
Según Gibbsons, la nueva forma de generación del conocimiento se caracteriza
por la intervención de múltiples actores, lo cual transforma la responsabilidad que
tradicionalmente recaía en especialistas, en responsabilidad más amplia de carácter
social, lo que implica el fortalecimiento del papel estratégico de la educación superior
(Tunnerman y de Souza, 2003).
En este contexto, no sólo es importante la generación del conocimiento, sino
también su incidencia en las transformaciones de los procesos educativos, y en los
actores que estén involucrados.
Entre los diversos actores, la universidad se ha relacionado tradicionalmente con
el estado; pero se han producido cambios significativos en los últimos años tanto, en las
universidades como en lo que respecta al estado y la gestión pública. La relación entre
el estado y la universidad debe considerar la complejidad del mundo actual.
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En el siglo XXI se produce un nuevo segundo proceso de reforma que propone
el fortalecimiento y la modernización de la gestión del Estado. En este nuevo esquema,
el Estado no sólo debe garantizar el ámbito económico, sino también asegurar los
derechos sociales y la competitividad de cada país, y que como actor principal gane la
efectividad en la promoción de la educación, salud, vivienda, etc.
El Estado es el instrumento indispensable para el desarrollo económico, político
y social de cualquier país; y debe orientarse a: a) la consolidación de la democracia; b)
retomar el crecimiento económico; y c) la reducción de la desigualdad social
garantizando la inclusión social. Los Estados deben adecuar la organización y
funcionamiento a nuevas realidades (Espinoza y otros, 2011).
En tal sentido, esta vinculación entre la educación superior y la gestión del
Estado debe considerar el aspecto económico, (crecimiento económico), social (equidad
social), y político (consolidación democrática).
Considerados por separados, la educación superior y/o el estado, o relacionados,
ambos deben considerar los tres aspectos mencionados.
Hasta los años sesenta, las universidades fueron instituciones al servicio del
estado y dependían de él. Pero el estado y las universidades han cambiado.
En la última década se ha profundizado la heterogeneidad del sistema de educación
superior y la diversificación de las relaciones de las instituciones con el Estado, y la
diferente interacción entre éstas. Se ha ahondado en el Estado “evaluador”. Las
universidades han buscado alternativas de financiamiento, investigación y extensión. Se
ha pasado de la universidad proactiva a la universidad que responda a las demandas
concretas que generan los recursos en diferentes funciones.
Desde 2009, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), se plantearon cuatro escenarios futuros respecto a la educación; uno de estos
escenarios está referido al nuevo tipo de administración pública en función de la
responsabilidad pública que deben tener las instituciones de educación superior.
Por otro lado, ante los tres modelos de gestión pública, el modelo de la
administración gerencial se basa en la responsabilidad de los administradores con
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resultados producidos, y propone una nueva burocracia, con funcionarios autónomos y
responsables, bien entrenados y remunerados que satisfagan las demandas de los
beneficiarios.
El Centro Latinoamericano de Administración (CLAD) reconoce el tercer marco
institucional, el espacio público no estatal. El concepto de lo público sobrepasa el
concepto de lo estatal y abarca la capacidad de la sociedad para actuar en asociación con
el Estado en el suministro de los servicios públicos. El sector público no estatal tiene la
gran ventaja de hacer más democrática la prestación y gestión de los servicios públicos
(Espinoza y otros, 2011).
En este contexto, las universidades con mayor productividad son las
universidades públicas; y se deben perfeccionar los canales de difusión y comunicación
entre las universidades públicas y los agentes del Estado.
En Latinoamérica, no sólo se comparten las tendencias y desafíos educativos y
universitarios mundiales, sino que se le debe hacer frente a los desafíos de la región,
fundamentales para la gobernabilidad democrática.
En nuestros países se exige la democratización del sistema político, y de la
administración pública; así como, el derecho de la participación ciudadana en la gestión
pública (CLAD, 2009b). (Espinoza y otros, 2011).
Para el conocimiento, los desafíos también se encuentran en una demanda de
producción de conocimiento útil ante una educación superior responsable de la solución
de los problemas de la comunidad; por lo que esta producción de conocimiento no sólo
refleje los problemas contextuales, sino que además se reconozca al lego como
productor de ese conocimiento, y que el sentido común sea igualmente legítimo y útil.
Los roles de profesores y estudiantes son desafiados no sólo por las comunidades, sino
por las nuevas formas de producción del conocimiento, y por las nuevas formas de
conocimiento de la sociedad (Parra y otros, 2010).
Los desafíos también se encuentran en la tensión existente entre la equidad y la
calidad de la educación superior, así como el de las exigencias del estado, y las
reducciones presupuestarias para el sector universitario. El otro desafío para la región es
la pluralidad de conceptos respecto a la universidad, con asignación de nuevos roles
entre actores responsables que direccione la educación superior hacia el desarrollo
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endógeno sustentable y humano. En este nuevo concepto de la institución universitaria
se plantea tanto el motor de desarrollo tecnológico como el de desarrollo social.
Del nuevo concepto de universidad pueden derivarse muchas consecuencias
significativas, entre éstas, las que se refieren a la conexión no-negociable entre la
educación superior y su contribución a la experiencia democrática, la construcción de la
tolerancia, la promoción de la solidaridad y la cooperación, la construcción de una
identidad continental, la consolidación de los derechos ciudadanos y la eliminación de
las inequidades (Parra y otros, 2010).
En este sentido, la discusión en los últimos años respecto a la educación superior
se ha dividido entre la educación superior como “bien público” o como “servicio
mercantil”.
La Unesco en 2008señaló que la educación superior es un bien público, social,
un derecho humano y universal y un deber fundamental del Estado de garantizar este
derecho. Se necesita que la educación superior contribuya a la convivencia democrática,
a la tolerancia (Espinoza y otros, 2011).
América Latina no puede desvincularse de la obligada revisión de los conceptos
de universidad y estado, y acoger los nuevos conceptos que coadyuven en la
consolidación democrática y respeto a los derechos ciudadanos.El estado debe
garantizar el derecho a la educación, y la prestación de los servicios públicos, y la
universidad debe atender las necesidades sociales con auténtica responsabilidad social.
3. Definición de gobernabilidad
El fenómeno de la gobernabilidad se encuentra directamente relacionado no sólo
con el sistema político de un país, sino con las diversas instituciones y grupos que
conforman una sociedad, y que se encuentran inmersos en los procesos de gobierno.
La democracia como sistema político es gobernable cuando los gobernantes
toman y ejecutan decisiones que son aceptadas por la ciudadanía sin que, aunque las
mismas los perjudiquen, éstos pretendan cambiar el régimen político. En una
democracia consolidada y gobernable los actores políticos que pierden en el ejercicio
del juego democrático aceptan ese resultado y siguen participando y apoyándolo.
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La gobernabilidad implica estabilidad de las instituciones democráticas a pesar
de la incertidumbre en cuanto a los resultados del juego político, es decir, de las
negociaciones y los acuerdos entre los actores políticos; el compromiso a aceptar las
reglas democráticas es la “voluntad de aceptar resultados con contenidos aún no
definidos” (Puelles y Urzúa,1996).
En general, en la región latinoamericana, la relación con la práctica democrática
ha sido desigual según los países, y ha predominado una democracia formal con tareas
pendientes respecto a la consolidación y/o construcción democrática. Desde los años
ochenta y noventa, se ha revisado el concepto de democracia, y en la actualidad, se hace
necesaria una definición integral que abarque diversos ámbitos y actores de la sociedad;
así como, los valores, y la participación ciudadana en la elaboración de las políticas
públicas. Estos aspectos son esenciales, para la transformación de instituciones, tales
como las universidades.
En este contexto, desde el siglo XIX, también, los sistemas educativos se fueron
delimitando como ámbito de acción pública en el que se entrecruzan diversos derechos,
intereses y políticas diferentes; los sistemas educativos se diferencian como ámbito
público de difícil gobernabilidad.
El debate entonces, respecto al concepto de gobernabilidad es denso y con
variadas contribuciones, y en el mismo sentido, no específico ni propio para las
universidades, sino en el más utilizado sentido de governance del Banco Mundial.
Al hablar de gobernanza universitaria se hace referencia a: la eficacia en el uso
de los recursos públicos, la agilización de su funcionamiento, la eficacia, la eficiencia y
la aproximación a las necesidades y demandas sociales. También la transformación
universitaria pasa por la gobernanza, la financiación, la rendición de cuentas, la
dimensión social y la investigación y la innovación (Martínez, 2012).
En el mismo sentido, la gobernabilidad del sistema educativo en el marco
democrático es la capacidad de atender las demandas y las necesidades de la educación
tanto de la población escolar como de la sociedad, así como a la aptitud para resolver
los conflictos internos que se producen en su seno (Puelles y Urzúa, 1996).
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Los autores consideran fundamental los contenidos del currículo; lo que implica
elaborar un diseño curricular mínimo de alcance nacional; y coinciden con Martínez
respecto a la transformación universitaria y/o curricular.
Por otro lado, ante las nuevas tendencias y procesos relativos al aumento de
desigualdades y nuevas formas de exclusión social en los países de la región, las
universidades como actores fundamentales de la sociedad contribuyen con la estabilidad
política del sistema político, al construir la gobernabilidad a lo interno de sus
instituciones agregando y articulando intereses y resolviendo los conflictos que se les
plantean.
En el mismo sentido, la gobernabilidad democrática exige un esfuerzo colectivo
por establecer nuevas formas de cohesión e integración social para constituir un nuevo
orden que contribuya a disminuir las desigualdades y aumentar la igualdad de
oportunidades. El Estado debe coordinar los esfuerzos entre el sector público y el sector
privado; y por ello, la educación está llamada a contribuir de diferentes maneras a la
gobernabilidad democrática, en cuanto a: -acceso a la educación básica; -formadora de
recursos humanos; -con papel central en la constitución y reforzamiento de la
ciudadanía; y por último, influye en la probabilidad de ascenso y promoción social de
las familias e individuos y afecta el grado de cohesión e integración sociocultural
(Puelles y Urzúa, 1996).
En este sentido, según la OCDE, la gobernanza abarca estructuras, relaciones y
procesos mediante los cuales, tanto en los niveles nacionales como institucionales, las
políticas para la educación superior se desarrollan, se implementan y se revisan
(Samoilovich, 2010).
Un punto de encuentro entre la gobernabilidad de los sistemas políticos de los
países, y las instituciones lo constituyen los valores ciudadanos que alimentan y
fortalecen la cultura democrática que incide a su vez, en la construcción de una
definición integral de la democracia que incluya la práctica democrática necesaria para
los tiempos actuales de los países de la región latinoamericana.
Por ello, la gobernabilidad democrática exige formación integral, que reconozca
que ni la formación técnico-profesional ni el énfasis en la eficiencia sea contraria a la
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democracia, y que ni, los valores democráticos así como la educación para la ciudadanía
sean opuestos al desarrollo. Inculcar los valores ciudadanos y reforzar la ciudadanía son
condiciones tanto para el desarrollo como para la gobernabilidad democrática (Puelles y
Urzúa, 1996).
En tal sentido, el sistema educativo, incluido el de la educación superior contribuye a
la creación y mantenimiento de la cultura cívica democrática mediante el proceso de
socialización política; la responsabilidad de la escuela como agente de socialización es
compartida con otros agentes de socialización.
Si la educación contribuye a hacer más gobernable la democracia en Iberoamérica,
tendrá que centrar los esfuerzos en dejar de ser la región más inequitativa del mundo en
términos de distribución del conocimiento. El Estado debe velar por estándares mínimos
de calidad, y asumir la responsabilidad de proporcionar educación media de excelencia
abierta a todos, independientemente del nivel socioeconómico, familiar, (Puelles y
Urzúa, 1996).
El caso venezolano se encuentra referido en la construcción de un modelo
heurístico que considera diferentes universidades o modelos de universidad; aunque el
concepto de calidad debe corresponder a cada modelo de universidad; sin embargo, se
comparte con la región latinoamericana, la urgencia de la función social de la
universidad que las incluye a todas en este modelo, y que permita profundizar o
reactualizar las funciones clásicas universitarias de docencia, investigación y extensión
(Parra y otros, 2010).
La educación superior ha desempeñado y tiene un papel importante que
adelantar en la defensa de la democracia, en el establecimiento de paradigmas de su
funcionamiento y en el análisis crítico de su desarrollo.
La Unesco indica que “se precisa una nueva visión de la educación superior que
combine las demandas de universalidad de la educación superior y el imperativo de una
mayor pertinencia para responder a las expectativas de la sociedad” (Puelles y Urzúa,
1996).
Esta nueva visión de la educación recalca los principios de libertad académica y
autonomía institucional y necesidad de respuesta ante la sociedad. Subraya además que
independientemente de que sea público o privado, el cometido del Estado es reconocer
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el apoyo público a la educación superior, esencial para desempeñar su misión educativa,
social e institucional.
Los autores señalan que la universidad contribuye a la gobernabilidad de la
democracia respecto a: primero, su apertura a todos con calificación de entrada y
postulación a ella; segundo, su tarea de preparación del profesorado con responsabilidad
en la educación democrática y valores; tercero, la educación democrática como parte de
la educación de todo estudiante universitario; cuarto, el llamado a las universidades a
introducir la discusión política de largo plazo en la investigación de los problemas; y
finalmente, la contribución de la universidad en la creación de espacios para debatir los
problemas respecto a los valores y prácticas democráticas.
Tal es la significación constitutiva del currículo y las actividades
extracurriculares en la gobernabilidad democrática, la formación ética de los estudiantes
y la educación democrática.
4. Gobernabilidad democrática en la Universidad del Zulia
Desde los años sesenta, la reforma universitaria necesaria por distintas décadas
fue adelantada en varios países latinoamericanos; sin embargo, en Venezuela, la
reforma de los ochenta no fue adelantada, y esto ha significado un atraso frente a los
retos universitarios.
Desde hace dos décadas, en el país ha predominado la necesidad de la
transformación universitaria debido a la transición hacia sociedades con alto valor
educativo, aludiendo el concepto de transformación universitaria a procesos complejos,
y contrarios al pensamiento dicotómico, sin matices que a veces acompaña el discurso
del cambio (García, 2001).
La transformación universitaria comprende la transformación curricular que
debe adelantarse hacia lo interno de las universidades, que sea cónsona con las
realidades del entorno.
La transformación curricular por su parte, se relaciona con los factores y
dimensiones relacionados con implicaciones políticas, económicas y sociales que vive
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la sociedad contemporánea. Tal es el caso de los cambios en la concepción de la
ciudadanía y de la democracia (Parra, 2012).
Desde 1999, la sociedad venezolana ha sufrido una crisis profunda y cambios
relevantes en los ámbitos económico, social, político y cultural. En este contexto, el
sistema político venezolano ha pasado por cambios significativos que han debilitado la
democracia y su entramado institucional (poderes públicos, administración pública);
también las universidades se han visto afectadas por estos cambios.
En el mismo sentido, las universidades como actores e instituciones
fundamentales de la sociedad venezolana han soportado las consecuencias de la crisis y
los cambios suscitados; desde finales del siglo pasado se hizo necesaria la reforma a la
ley de Educación Superior.
Otros actores como FEDECÁMARAS (2002), y el Centro de Reflexión y
Planificación Educativa (CERPE), 2012 han presentado propuestas para el
mejoramiento, fortalecimiento y transformación de la educación venezolana en el marco
democrático.
En Venezuela se requiere de un sistema educativo de Estado federal
descentralizado, ante la necesidad de un nuevo Estado docente que promueva la
“descentralización como política nacional” para profundizar la democracia, al acercar el
poder a la población y al crear mejores condiciones respecto al ejercicio democrático y a
la prestación de los cometidos estatales (Ugalde, 2012).
La Constitución de 1999 en su artículo 102 establece la educación como derecho
humano, deber social fundamental y servicio público fundamentado en el respeto a
todas las corrientes de pensamiento (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).
En la actualidad, el papel de la universidad es considerado fundamental en el
desarrollo político, económico, social y humano de los países.
A propósito de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, desde enero de
2016, se conformó una Comisión Especial para atender la crisis por la que atraviesan las
universidades públicas del país, y abordar el tema conjuntamente con las autoridades
universitarias.
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Dicha Comisión tiene el mandato de: “…prolongar el debate a la comunidad
universitaria convocando a todos los sectores a esta Asamblea Nacional para que
presenten soluciones constructivas en función de las universidades” (Asamblea
Nacional, 2016:3).
Desde sus inicios en 1891, y luego desde su reapertura en 1946 la Universidad del
Zulia (LUZ) se ha guiado por valores, los que materializa en su misión y visión que
orientan la gestión institucional y la actuación de sus miembros.
Estos valores se concretan en la ética, la democracia, autonomía, excelencia,
lealtad, solidaridad, responsabilidad y liderazgo (Universidad del Zulia, 1994).
En LUZ, la democracia es concebida como:
La apertura a todas las corrientes del pensamiento universal: filosóficas,
políticas, religiosas y sociales, garantes de un clima de respeto mutuo en
beneficio de los más altos intereses institucionales, edificados sobre un
imperativo ético, legal y académico como expresión de su autoridad
científica y moral (Universidad del Zulia, 1994: 11).
Por otro lado, la universidad pública presenta una estructura organizativa
compleja, así como procesos, actores y políticas universitarias permeables a los cambios
del entorno, en particular los relativos a los aspectos políticos y democráticos.
En la mayoría de las universidades públicas venezolanas hay interferencia de la
política partidista en los procesos electorales, acuerdos gremiales y prácticas
clientelares, inadecuada distribución del presupuesto entre distintos factores
académicos, cultura organizacional rígida, centralización de procesos administrativos y
evaluativos y burocratización de los cargos directivos (Pereira y otros, 2011).
Agregan las autoras que, entre 1988 y 2004, en la Universidad del Zulia se
cuestionó la influencia de los grupos políticos en la toma de decisiones, la eficiencia de
la estructura organizativa y la transparencia en el manejo de los procesos y recursos.
En este contexto, otros actores o grupos iniciaron su relación con las
universidades; es el caso de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia
(APUZ), que desde 1979 es legítima representación de los miembros del personal
docente y de investigación logrando la firma de dos Actas Convenio; en la primera
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(1989) se alcanzaron reivindicaciones económicas y sociales, y mayor participación de
la APUZ en el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad; además de la
aprobación del Reglamento de Ingresos y Concursos Universitarios. Con la segunda
(1993) se alcanzan otros beneficios sociales, y la inclusión del concepto de salario
integral. La firma del III Convenio quedó en proyecto.
El otro actor fundamental -ya mencionado-, y en interrelación constante con las
universidades, lo constituye el Estado y/o gobierno, y su punto de encuentro y/o
desencuentro: la democracia académica, universitaria o política (autonomía
universitaria, ingreso, calidad de la educación), entre otros aspectos.
Al inicio del nuevo gobierno en 1999, los temas y las preocupaciones sobre la
calidad educativa, los presupuestos insuficientes, el crecimiento numérico, y las
tendencias políticas respecto al logro de la hegemonía universitaria eran similares a los
gobiernos anteriores, y a los debates del Consejo Nacional de Universidades. Sin
embargo, las características del gobierno de Hugo Chávez con elementos democráticos,
autoritarios y totalitarios, y su designio desde el primer año de controlar políticamente a
las universidades, así como la intervención de las universidades experimentales,
institutos y colegios universitarios, y destitución de sus autoridades colocaron una
sombra alrededor de los procesos democráticos y la autonomía universitaria.
Tanto el impedimento de realización de los procesos de elección en las
universidades públicas y autónomas del país, mediante sentencia emitida por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ),del 10 de agosto de 2011, y de igual forma, el Proyecto de
Ley de Educación Universitaria aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de
2010, y luego vetado por el Presidente de la República produjeron desacuerdos y
oposiciones entre el Estado y las Universidades incidiendo en la interrelación de estos
actores, y afectando tanto la gobernabilidad del sistema político venezolano como la
gobernabilidad en las instituciones universitarias.
A propósito del mencionado Proyecto de la Ley de Educación Universitaria
vetado por el presidente, una Comisión designada por el Consejo de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia presentó un Ante-proyecto de
Ley de Educación Universitaria (Universidad del Zulia, 2013).
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Al respecto en 2010, la Asociación Venezolana de Rectores (Averu) solicitó a la
Sala Constitucional del TSJ un recurso de nulidad de la Ley Orgánica de Educación
(LOE), pero a más de cinco años no han obtenido respuesta por parte del tribunal. Esta
misma inquietud fue elevada ante la Asamblea Nacional recién electa (García, 2016).
En este sentido, entre los planteamientos realizados a la Comisión de la
Asamblea Nacional por los diversos sectores consultados se encuentran: el tema de la
Democracia Universitaria, las elecciones y la gobernabilidad dentro de las casas de
estudios superiores en Venezuela (Asamblea Nacional, 2016).
Desde 2008, los presupuestos correspondientes a las universidades públicas
venezolanas han sido reconducidos incidiendo ello en la calidad de la educación
universitaria. También desde 2010 -como se mencionó- ha quedado pendiente la
aprobación de la vetada Ley de Educación universitaria con críticas referentes a la
autonomía universitaria, el concepto de democracia participativa y protagónica, y el
tratamiento del concepto de universidad proveniente de diversos sectores.
Las relaciones entre las universidades venezolanas y el gobierno han empeorado
desde 2013; se mantienen los presupuestos deficitarios, bajas remuneraciones al
personal universitario, infraestructura física no adecuada, persecución y
encarcelamiento de estudiantes, quienes han manifestado en defensa de la autonomía
universitaria. Entre las últimas actuaciones gubernamentales, se encuentra la función de
asignación de cupos universitarios; función que ha correspondido tradicionalmente en
una proporción de 70% a las universidades, y un 30% a la Oficina de Presupuesto del
Sector Universitario (OPSU).
Todos los aspectos mencionados reflejan la crisis del sistema político
venezolano, los que de igual forma inciden en la gobernabilidad del sistema de
educación superior.
Para la recién instalada Comisión de la Asamblea Nacional, dentro de las
conclusiones y recomendaciones logradas luego de varias reuniones con el sector
universitario, se encuentran entre otras, las referidas, a:-la aprobación de un nuevo
instrumento jurídico que norme al sector universitario conforme a los principios de
autonomía contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; -la
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realización de las elecciones democráticas y libres en las instituciones universitarias
venezolanas; y, -la exigencia al Ejecutivo de gobierno el respeto a la autonomía
universitaria para elaborar sus políticas de ingreso (Asamblea Nacional, 2016).
Ante tal realidad, el modelo heurístico elaborado -ya referido- con sus
descriptores abarca: la orientación de la universidad, el gobierno universitario, la
organización académica-administrativa y el modelo de formación; por otro lado, una
práctica innovadora apunta a la ejecución de proyectos comunitarios (Bozo, 2013).
La Universidad del Zulia ha desempeñado sus tres funciones tradicionales de
docencia, investigación y extensión referidas en el Plan de Desarrollo (2000-2004), y
realizadas en sus tres núcleos: Maracaibo, Costa Oriental del Lago y Punto Fijo; los dos
últimos desde 1993 en que lograron su autonomía.
En LUZ, según investigación realizada y referida por Martínez y otros,(2008)
resulta más débil la función de extensión, ya que la participación gremial de profesores
activos y jubilados es mínima en estas actividades, representando una amenaza y una
débil cultura de extensión en esta casa de estudios.
En este sentido, un concepto de responsabilidad social se refiere a la práctica de
una organización respecto a terceros; alude al modo en que la empresa u organización se
relaciona e impacta en la sociedad a través de sus prácticas, y a la influencia que la
sociedad y las expectativas de los actores sociales tienen sobre éstas (Martínez y otros,
2008).
Aspectos que interrelacionan con el sector universitario como: el respeto a la
autonomía universitaria, el fortalecimiento democrático de la sociedad civil, mayor
participación ciudadana, y el fortalecimiento institucional; así como hacia lo interno de
la institución universitaria, una revisión de los descriptores del modelo heurístico
mencionado, el incremento en la ejecución de los proyectos comunitarios y su impacto
en la sociedad, el fortalecimiento de la cultura democrática, proyección y mayores
vínculos con la comunidad incidirían favorablemente en la gobernabilidad de la
Universidad del Zulia.
La fundamentación teórico-conceptual presentada se complementó con un
sondeo de opinión de ocho entrevistados, y miembros de la comunidad universitaria
pertenecientes a los Núcleos Maracaibo y Costa Oriental del Lago de la Universidad del
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Zulia, (autoridad que conforma el Consejo Universitario, jefe(a) de departamento,
Coordinador(a) de Programa, docente e investigador(a), asistente de investigación y tres
dirigentes estudiantiles), ofrecieron sus opiniones, y, a quienes se les consultó mediante
cuestionario de preguntas semi-estructuradas lo relativo a: los conceptos de universidad
y gobernabilidad; la relación de la universidad con diversos actores, como el Estado y el
sistema político venezolano; así como la gobernabilidad en la Universidad del Zulia.
Respecto al concepto de universidad, los entrevistados coinciden en que es una
institución o comunidad que engloba un proceso formativo mediante el cual se imparten
conocimientos y/o educación para la formación de jóvenes y adultos, y su desarrollo
como profesionales, y en el que convergen distintas corrientes científicas y/o filosóficas;
o “comunidad de intereses y valores compartidos alrededor del proceso educativo”,
para la formación del recurso humano que necesita el país, bajo “los principios de
democracia, pluralidad y respeto a los derechos humanos”.
En cuanto a los aspectos que deben considerarse en la definición de universidad,
las respuestas indicaron lo siguiente: -“democracia, sociedad del conocimiento y la
relación con el entorno”; dos entrevistados coincidieron en señalar que en la práctica del
concepto se encuentran presentes algunos vicios en los procesos administrativos en
diversos cargos; desde el de autoridad del Consejo Universitario hasta el cargo de
dirigente estudiantil; se señaló además, que se hace necesario el fortalecimiento de las
funciones académicas, de autogestión y extensión. También, se indicó la importancia
del “fortalecimiento de los valores en la convivencia universitaria, la consideración del
entorno, la responsabilidad social, los procesos electorales y la democracia en el marco
de una práctica universitaria que responda a los requerimientos de los tiempos actuales”.
Respecto a la relación Universidad-Estado-sistema político y actores sociales, los
entrevistados opinaron lo siguiente: -“la relación entre el Estado y el sector universitario
es una relación lejana, de confrontación, por lo que se hace necesario “fomentar un
diálogo sincero entre ambos actores”; -de esta relación sincera depende la consideración
de la importancia en la gestión estatal del otorgamiento de un presupuesto justo para las
universidades necesario para su funcionamiento; -también se indicó quela falta de
atención estatal a las universidades se ha traducido en la calidad de los docentes, y por
ende en la calidad educativa; -“el gobierno actual no ha entendido la trascendencia de la
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Revista de Artes y Humanidades UNICA 47
función de las universidades en la formación del recurso humano del país, no sólo desde
el punto de vista científico-técnico, sino en el campo de la ética, de los valores, y de la
democracia como sistema político”.
En cuanto, al concepto de gobernabilidad, los entrevistados la definen como: “la
capacidad de un sistema de resolver problemas y de responder a las diversas
demandas”; según el tipo de organización, es decir, puede ser el sistema político de un
país, como así la universidad; o también, consideran la gobernabilidad como “proceso
de toma de decisiones en los ámbitos socio-culturales y/o político o económico con la
finalidad de satisfacer las necesidades en el marco del estado de derecho de la sociedad
o comunidad en particular”.
En cuanto a la gobernabilidad y democracia del sistema político del país, y la
gobernabilidad y democracia en la Universidad del Zulia se indicó lo siguiente:- la
presencia entre el sistema político venezolano y el resto de los actores políticos y
sociales de una “relación centralista, dependiente y populista-clientelar que empaña la
gobernabilidad en el país, y por ende en la universidad”; en este sentido, las reglas del
juego dejan de ser claras, hay una rendición de cuentas deficiente, y se hace necesario
mayor participación ciudadana y la descentralización de las decisiones. Estos aspectos
se encuentran presentes en mayor o menor medida a lo interno de nuestras
universidades. Un entrevistado indicó que lo positivo de la crisis, es que “como
universitarios hemos valorado aún más las funciones que la universidad debe cumplir en
respuesta a la sociedad”; y por ello, entre sus funciones, “la responsabilidad social
universitaria permitiría establecer mayor y más sincera relación con las comunidades y
la sociedad en general”.
Por lo que, la “forma en que se gobierna el país incide en los rasgos y formas de
gobernarse otras instituciones de la sociedad, y entre éstas se encuentran las
universidades”. Por ello, “se hace imprescindible preservar la autonomía universitaria
de las universidades públicas, y trabajar por la transformación universitaria, colocando
énfasis en procesos como la responsabilidad social que acerca la universidad a las
comunidades”. “El respeto, la tolerancia, la pluralidad y el diálogo deben estar presentes
en la relación de todos los actores del país para el fortalecimiento de la democracia”.
5. Conclusiones
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En las últimas décadas, cambios significativos han sucedido respecto a la
educación superior y las universidades. Entre éstos, debe considerarse la utilidad de la
producción de conocimiento ante nuevos actores, y la universidad responsable ante la
solución de los problemas comunitarios.
También otros actores del entorno como el Estado han cambiado su gestión, y
esto significa que la gobernabilidad no sólo es fundamental para el sistema político, sino
para las diversas instituciones sociales que conforman los valores ciudadanos que
fortalecen la cultura democrática. La gobernabilidad universitaria debe considerar la
financiación, la rendición de cuentas y la dimensión social al atender las demandas de la
sociedad.
En Venezuela, desde los ochenta se hace necesaria la transformación
universitaria y curricular para la revisión del concepto de universidad, y el interés por
las realidades y necesidades del entorno; así como la reforma de la Ley de Educación
Superior.
Se necesita un nuevo Estado docente que promueva la descentralización para
profundizar la democracia, Ugalde (2012), ante la educación como derecho humano y
servicio público.
La nueva Asamblea Nacional ha planteado desde enero de 2016, atender la crisis
por la que atraviesan las universidades del país; concretar el debate entre todos los
sectores, y presentar soluciones constructivas respecto a la democracia universitaria, la
realización de elecciones y la gobernabilidad en las casas de estudio.
La Universidad del Zulia no ha escapado a prácticas partidistas y clientelares y
acuerdos gremiales; así como comparte con otras universidades públicas los
presupuestos deficitarios y bajas remuneraciones del profesorado, entre otros aspectos.
Ante el cumplimiento de sus tradicionales funciones, LUZ debe fortalecer sus
actividades de rendición de cuentas, el desarrollo de proyectos comunitarios en
respuesta a las demandas sociales, así como, la revisión de su estructura y procesos
institucionales lo que incidiría en los procesos de gobernabilidad democrática; estos
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Revista de Artes y Humanidades UNICA 49
aspectos son resaltados en las opiniones de los entrevistados que forman parte de la
comunidad universitaria de la Universidad del Zulia.
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